Temas considerados por la Comisión

Programa de Educación para la Paz

Reunión de Expertos Gubernamentales para Diseñar un Proyecto de Programa de Educación para la Paz

EDUCANDO PARA LA PAZ Y LA DEMOCRACIA

(Documento Informativo presentado por la Unidad para la Promoción de la Democracia de la Secretaría General de la OEA)

INDICE

I. INTRODUCCIÓN

II. EDUCACIÓN FORMAL Y EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA

• Seminario/taller para el Mercosur (1995) • Seminario/taller para Centroamérica (1997) • Seminario/taller para Centroamérica (1998)

III. FORMACIÓN DE LÍDERES JÓVENES

IV. CONSTRUCCIÓN DEL DIÁLOGO Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

• PROPAZ-Guatemala • Comisiones de Paz-Nicaragua • MICIVIH-Haití • Bloque Samoré-Colombia • Cursos

V. OTRAS ACTIVIDADES

VI. CONCLUSIONES

EDUCANDO PARA LA PAZ Y LA DEMOCRACIA

I. INTRODUCCION

Si bien en los países de las Américas se observa actualmente el desarrollo de una significativa cultura política democrática, ésta no se ha consolidado todavía en forma definitiva. Una serie de amenazas, tales como la corrupción, el narcotráfico, la violencia, el terrorismo, la marginación y la persistencia de niveles críticos de pobreza ponen en peligro cotidianamente los logros obtenidos en esta área en los últimos 20 años.

Dados los vínculos que unen paz y democracia, los problemas que obstaculizan el desarrollo democrático en los países del Hemisferio afectan también las tareas relativas al mantenimiento de la paz, tanto interna como externamente. La resolución pacífica de conflictos exige, entre otras condiciones, la plena vigencia de las reglas de juego democrático.

Consciente de la envergadura de estos desafíos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha concentrado sus esfuerzos en los últimos años en dos grandes áreas críticas: a) la colaboración con los Estados miembros en sus esfuerzos para enfrentar y neutralizar las amenazas que ponen en peligro la continuidad del sistema democrático y b) la promoción, en el largo plazo, de la sostenibilidad de este sistema a través del fortalecimiento de la cultura política democrática.

El fortalecimiento de la cultura política democrática implica, entre otras acciones, la internalización de los valores, las creencias, las actitudes, los comportamientos y las prácticas propias del sistema democrático, tales como el respeto por la ley, la confianza y el respeto mutuo, la tolerancia, la solidaridad, la participación, la solución pacífica de conflictos y el sentido de la ética y la probidad. Y este esfuerzo requiere, a su vez, el compromiso de todos aquellos actores e instancias que forman parte de la sociedad. Si bien el sistema educativo formal es uno de los principales responsables de la promoción e inculcación de los valores democráticos, esta responsabilidad debe ser compartida con otras instancias de socialización, tales como la familia, los grupos comunitarios, las organizaciones no-gubernamentales y los medios de comunicación.

Teniendo en cuenta este contexto, la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) de la Secretaría General de la OEA ha desarrollado en los últimos años una amplia gama de programas y actividades con instituciones educativas gubernamentales y de la sociedad civil con el objeto de apoyar y promover el conocimiento, los métodos, las técnicas y la capacidad para la enseñanza y el aprendizaje de los valores y prácticas vinculadas a la cultura política democrática, especialmente entre los jóvenes.

Las acciones desarrolladas por la UPD en este campo se dividen en tres áreas: educación formal, formación de líderes jóvenes y resolución pacífica de conflictos.

II. LA EDUCACION FORMAL

Teniendo en cuenta el papel determinante de la educación formal en la promoción de la democracia y los valores democráticos, la Asamblea General recomendó a los Estados miembros en junio de 1991 incorporar, particularmente en el curriculum de los primeros años de educación básica, cursos de educación cívica “que favorezcan en los educandos el sentido de participación en los asuntos de la comunidad y los orienten al mejor cumplimiento de sus responsabilidades como ciudadanos, tanto en la conciencia y el reclamo de sus derechos como en el cumplimiento de sus obligaciones” (AG/RES. 1087-XXX-O/91). Posteriormente, en junio de 1993, la Asamblea General resolvió encomendar a la Secretaría General que considere la posible disponibilidad de recursos económicos y técnicos para respaldar la incorporación de la educación para la democracia en los programas en todos los niveles y modalidades de los sistemas educativos de los Estados miembros interesados.

En este contexto, la UPD ha impulsado en los últimos años una serie de iniciativas para el desarrollo de programas y actividades vinculadas a la educación para la democracia en el área de la educación formal. Así, entre 1995 y 1998 la UPD organizó tres seminarios-talleres regionales para posibilitar el intercambio y la discusión de puntos de vista sobre este particular entre representantes de los ministerios de educación de los países de la región. El primero, celebrado en Asunción del Paraguay en 1995, reunió a representantes de los ministerios de educación del Mercosur mientras que los dos restantes, realizados en San José de Costa Rica en 1997 y Managua en 1998, respectivamente, congregaron a los viceministros de educación de la región centroamericana.

Este tipo de iniciativas fue respaldado en 1997 por los gobiernos de los países del Hemisferio en el marco de la Segunda Cumbre de las Américas, realizada en Santiago de Chile entre el 18 y 19 de abril. El plan de acción aprobado en esa oportunidad insta a los gobiernos a incorporar en sus proyectos educativos, dentro de sus respectivos ordenamientos jurídicos, “objetivos y contenidos que desarrollen la cultura democrática en todos los niveles, para la formación de personas en valores éticos, conductas solidarias y de probidad”. Para ello, agrega el documento, “se debe fortalecer la participación de docentes, familias, estudiantes y comunicadores sociales, en su tarea de concebir y poner en práctica los proyectos orientados a formar ciudadanos inspirados en valores democráticos”.

Seminario/taller para el MERCOSUR (1995)

En 1995, la UPD organizó, con la colaboración del Ministerio de Educación del Paraguay, un seminario-taller regional sobre Educación para la Democracia. El mismo tuvo lugar en Asunción entre el 4 y 6 de octubre y contó con la participación de representantes y técnicos de los ministerios de educación de los países del MERCOSUR y Chile.

En la declaración firmada en esa oportunidad, los delegados presentes enfatizaron la importancia del desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas educativos de los países del Hemisferio a fin de asegurar la igualdad de oportunidades a todos los sectores de la sociedad. La transformación de la educación en un auténtico instrumento de democratización, señalaron los firmantes de la declaración, depende fundamentalmente de dos condiciones básicas: el compromiso del estado y la sociedad civil para garantizar las condiciones de acceso y permanencia de todos los sectores de la sociedad en el sistema educativo y la democratización de los procesos y mecanismos de gestión de las instituciones educativas en todos los niveles del sistema. El estado, agrega la declaración, en su carácter de promotor del bien común, debe promover y establecer redes de apoyo con los grupos y organizaciones no gubernamentales que trabajan en educación.

La educación para la democracia, finaliza el documento, no deberá ser considerada una disciplina aislada sino un componente fundamental del curriculum.

Primer Seminario/taller para Centroamérica (1997)

Posteriormente, en 1997, la UPD organizó, en forma conjunta con el Ministerio de Educación de Costa Rica, un encuentro similar al realizado en Paraguay, destinado a los países de la región centroamericana, denominado Seminario/Taller Centroamericano sobre la Enseñanza y Aprendizaje de Valores Democráticos en los Sistemas Educativos Formales. A la reunión, celebrada en San José de Costa Rica entre los días 6 y 8 de agosto de 1998, concurrieron los viceministros de Educación de la región, quienes coincidieron en señalar enfáticamente la necesidad de fortalecer la educación para la democracia en los sistemas educativos de los países del área, “a fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el pleno desarrollo social” de los países del área.

Como fruto del encuentro se aprobó una declaración en la que se acordó 1) apoyar el establecimiento y el desarrollo del Programa Regional Centroamericano de Cooperación en Educación para la Democracia; 2) instar a la OEA a cooperar individual y colectivamente con los ministerios de Educación de los países centroamericanos en la ejecución de los planes, programas y proyectos tendientes a incentivar y fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de valores y prácticas democráticas y 3) realizar un nuevo encuentro de viceministros de Educación de Centroamérica para elaborar el plan de acción y las actividades de un proyecto regional en el marco de los valores democráticos.

Entre otros considerandos, los participantes de la reunión tuvieron en cuenta la necesidad de 1) establecer “un vínculo de coordinación de acciones a nivel regional”, que permita la sistematización y el intercambio de experiencias sobre proyectos desarrollados en los diferentes países relacionados con la enseñanza y aprendizaje de los valores para la convivencia en democracia; 2) promover un compromiso de trabajo entre las universidades y los ministerios de educación para que dentro de los planes de formación docente se incluya el área de enseñanza y aprendizaje de valores democráticos; 3) integrar la formación, capacitación y actualización de docentes en el área de valores democráticos; 4) promover y fortalecer, en el marco de las políticas educativas de los países, métodos de enseñanza “que propicien la internalización de los más altos valores de convivencia democrática y el progreso de la humanidad”; 5) promover, en el marco de los curriculums de los sistemas educativos, la integración y consolidación de los valores éticos y morales para el fortalecimiento de la democracia a nivel regional, nacional y local y 6) propiciar, a través de la propuestas curriculares, la concientización, la autoconcientización y la participación activa de las comunidades educativas para el rescate y la conservación de los valores democráticos.

Los firmantes de la Declaración expresaron además su convencimiento respecto de la importancia de crear escenarios para concientizar a la comunidad sobre la necesidad de valorar “el significado de sus raíces en el contexto del pluralismo cultural”, exhortando a los medios de comunicación, las instituciones políticas y los sectores de la sociedad civil a colaborar en la transmisión y el aprendizaje de los valores éticos y morales propios de la vivencia democrática. La declaración indica además que es indispensable “el reencuentro entre la escuela y la familia” a fin de fomentar espacios y canales que permitan la práctica de los valores democráticos.

Segundo Seminario/taller para Centroamérica (1998)

En el marco de los mandatos emanados de la Segunda Cumbre de las Américas, y con la colaboración del Ministerio de Educación nicaragüense y la asociación civil Centro de Educación para la Democracia, la UPD organizó en Managua, Nicaragua, un segundo seminario-taller para el área centroamericana entre el 23 y 25 de septiembre de 1998. El encuentro, denominado Proyecto Regional de Cooperación Centroamericano en Educación para la Democracia, tuvo por objetivo analizar las experiencias regionales en el campo de educación para la democracia; estudiar las necesidades de los países de la región en cuanto al desarrollo integral de programas de educación para la democracia e identificar posibles actividades de cooperación horizontal en este campo, que pudieran desarrollarse en el marco de un plan de acción regional de educación para la democracia. Del mismo participaron los viceministros de Educación de la región, funcionarios de los ministerios de educación a cargo de la formación de maestros y profesores, directores de facultades y centros de formación superior, representantes de ONG y expertos en educación de la región.

En la declaración final del seminario, los participantes reiteraron la necesidad de establecer “un vínculo de coordinación” para realizar actividades a nivel regional, que permita la sistematización y el intercambio de experiencias sobre proyectos desarrollados en los diferentes países en relación a la enseñanza y el aprendizaje de los valores para la convivencia en democracia. En este sentido, la declaración exhorta a desarrollar urgentemente programas regionales de apoyo para la formación, capacitación y actualización de docentes en la enseñanza de actitudes, valores y prácticas democráticas.

Los firmantes del documento enfatizaron además la necesidad de que el curriculum de los sistemas educativos de la región, incluyendo los programas de formación de maestros, promueva la enseñanza y aprendizaje de valores básicos para el fortalecimiento de la democracia a nivel regional, nacional y local, fortaleciendo los métodos innovadores de enseñanza que propicien la interiorización de esos valores. El documento añade que es necesario promover “un compromiso y una más cercana relación de trabajo” entre las instituciones de educación superior y los ministerios de Educación, a fin de facilitar la inclusión en los planes de formación docente el área de enseñanza y aprendizaje de valores democráticos. El documento reconoce además que es indispensable propiciar encuentros entre el sistema educativo formal y la comunidad, incluyendo la familia, a fin de establecer vínculos que faciliten el trabajo conjunto para la promoción de los valores y prácticas democráticas.

En base a estas declaraciones, los viceministros acordaron llevar a cabo una serie de actividades como parte de un plan de acción regional, solicitando para ello el respaldo de la OEA:

• investigaciones y publicaciones conjuntas y comparativas para el diseño y desarrollo de curricula y materiales de enseñanza sobre valores y prácticas democráticas para la formación de docentes y capacitadores, así como investigaciones sobre las metodologías apropiadas para la enseñanza y aprendizaje en la materia.

• encuentros y talleres regionales para el análisis de las investigaciones mencionadas, así como para el intercambio de experiencias en el campo de la formación de maestros, del que puedan participar representantes de ministerios de educación, instituciones formadoras de docentes, escuelas normales y organizaciones de la sociedad civil.

• cursos regionales anuales y rotativos relacionados a la formación y/o capacitación de capacitadores y maestros, centrados, entre otros temas, en el diseño curricular, el desarrollo de material didáctico, el uso de metodologías de enseñanza y aprendizaje y la evaluación de impacto de educación cívica.

• establecimiento de un centro y/o una red regional de instituciones y expertos para facilitar la comunicación y la cooperación regional a fin de poder brindar servicios de asesoría técnica, intercambio de información y materiales didácticos, difusión de nuevos conocimientos en materia de Educación para la democracia y creación de una base de datos sobre expertos e instituciones que trabajan en este campo, entre otros.

III. FORMACION DE LIDERES JOVENES

A pesar del resurgimiento de la democracia en América Latina, y de la máxima prioridad que ésta ha adquirido en el sistema interamericano a partir de la década de los años ochenta, las instituciones, valores y prácticas democráticas aún no se han arraigado de manera definitiva en los países del Hemisferio. La debilidad de éstas representa uno de los obstáculos más importantes a la consolidación de la democracia y la paz en la región.

Teniendo en cuenta que las nuevas generaciones constituyen el futuro de los pueblos de las Américas y la base para el desarrollo de una cultura política democrática, y que por lo tanto éstas deben ser motivadas para involucrarse en el funcionamiento y las prácticas de las instituciones y procesos democráticos, la UPD comenzó a organizar en 1998, en cooperación con instituciones académicas y gubernamentales de los Estados Miembros, una serie de cursos subregionales teórico-prácticos sobre estos temas.

Para el diseño de los mencionados cursos se partió de la premisa que la democracia moderna requiere dirigentes y líderes que posean, además de vocación, carisma, elocuencia y dedicación, ciertos conocimientos substantivos y técnicos, que les permita analizar y entender adecuadamente la realidad y complejidad de los procesos políticos, desarrollar un mayor compromiso con la democracia, construir una visión política convocante y actuar en consecuencia.

En ese sentido, el objetivo de los cursos es el de contribuir al desarrollo y la apropiación de conocimientos teóricos y empíricos sobre el funcionamiento de las instituciones y procesos democráticos, enfatizando la importancia, significado y vigencia de los principios, valores, prácticas e instituciones fundamentales de la democracia. Los cursos se proponen además promover el conocimiento de las técnicas, herramientas y prácticas del quehacer político moderno consideradas imprescindibles para la gestión pública y la conducción y gerencia política, tales como las técnicas y estrategias de comunicación política y negociación; la organización partidaria y de campañas electorales; la formulación y uso de encuestas, la organización, administración y fiscalización electoral y el manejo de estadísticas y bases de datos, entre otros. Adicionalmente, los cursos intentan incentivar el intercambio de experiencias, testimonios y valoraciones críticas así como el diálogo entre jóvenes líderes de distintos sectores políticos y sociales de los estados miembros en torno a los valores y las prácticas democráticas.

Los cursos son de carácter subregional, rotativos y anuales y están dirigidos a jóvenes menores de 35 años provenientes de la academia, los medios de comunicación, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil. Durante el transcurso de los se analizan y discuten, entre otros temas, la teoría y practica de la democracia; el desempeño de las instituciones ejecutiva, legislativa y judicial; el funcionamiento del sistema electoral; el papel de los partidos políticos, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la academia y la importancia de los principales valores de la cultura política democrática, entre otros. Los expositores y facilitadores de los talleres y sesiones prácticas son reconocidos expertos de la región.

Hasta el momento se han realizado dos cursos en el Cono Sur (Argentina y Paraguay), dos en Centroamérica (Costa Rica y Guatemala) y dos en la región Andina (Ecuador y Colombia). Los mismos contaron con la colaboración del Instituto de Capacitación Política del Ministerio del Interior (Argentina); el Vice Ministerio de la Juventud, la Universidad Católica y la Fundación Konrad Adenauer (Paraguay); el Centro de Asesoría y Promoción Electoral y el Instituto Interamericano de derechos Humanos-CAPEL/IIDH (Costa Rica); el Instituto de Estudios Políticos-INSEP (Guatemala); el parlamento Andino y la Universidad de Cuenca (Ecuador) y el Instituto Galán para el Desarrollo y la Democracia (Colombia).

IV. CONSTRUCCION DEL DIALOGO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS

En el marco del actual proceso de consolidación democrática, los Estados miembros han experimentado con frecuencia la necesidad de crear espacios nacionales de participación y diálogo entre la sociedad civil y el estado, a fin de facilitar la resolución pacífica de los conflictos que afectan la relación entre gobernados y gobernantes. Conscientes del peligro que presupone la persistencia de situaciones caracterizadas por la intransigencia, la desconfianza mutua y la falta de diálogo sistemático, los gobiernos de los países del Hemisferio se encuentran actualmente promoviendo diversos procesos de concertación política y social mediante el desarrollo de mecanismos de prevención y resolución pacífica de conflictos que incluyen entre otros, el análisis de conflictos, la mediación, la conciliación, la negociación y la facilitación de diálogo.

La UPD, en el marco de una serie de programas bilaterales y regionales, ha contribuído significativamente tanto al fortalecimiento de las instituciones democráticas como a la prevención de conflictos en varios países del Hemisferio. Los programas de la UPD en esta área incluyen, entre otros, el Programa Cultura del Diálogo: Desarrollo de Recursos para la Construcción de la Paz en Guatemala (OEA-PROPAZ); las Comisiones de Paz en Nicaragua; los programas de resolución de conflictos y reducción de la violencia de la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH) y el Proyecto sobre el Bloque Samoré en Colombia, además de una serie de cursos regionales sobre Análisis y Gestión de Conflictos en diversos países de la región.

Estas experiencias le han permitido a la UPD desarrollar y sistematizar, entre otros aspectos, una serie de metodologías, marcos conceptuales, instrumentos y recursos humanos en el campo de la capacitación, análisis, gestión, resolución y prevención de conflictos, así como en el área de la toma de decisiones colectivas y la planificación estratégica de procesos de paz. PROPAZ (Guatemala)

“Cultura de Diálogo: Desarrollo de Recursos para la Construcción de la Paz” (PROPAZ) es un programa desarrollado por la OEA a partir de 1995 a solicitud del gobierno de Guatemala, dirigido a incrementar la capacidad del gobierno y la sociedad civil guatemalteca para promover el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. En 1996, PROPAZ se incorporó al Programa Especial de Apoyo a Guatemala de la OEA, luego de que el gobierno nacional solicitara a la Secretaría General la inclusión del programa en las actividades desarrolladas en el marco del proceso de pacificación, democratización y reconciliación nacional.

En cumplimiento de este último mandato, PROPAZ se concentró en los últimos años en el apoyo a las comisiones paritarias y las comisiones específicas creadas por los acuerdos de paz en materia de reforma educativa, participación ciudadana, oficialización de idiomas indígenas y derechos indígenas sobre la tierra, a través del diseño de foros conjuntos de diálogo entre la sociedad civil y el gobierno, fuera de las mesas formales de negociación.

El objetivo principal del Programa Cultura de Diálogo es el de contribuir a la creación de condiciones y procesos que hagan posible la transición de una cultura de confrontación a una cultura de diálogo, enfatizando la capacitación de los actores de los diferentes niveles de la sociedad en temas tales como la comunicación, la negociación, la mediación, la conciliación y el análisis y resolución de conflictos. La estrategia del Programa es la de contribuir a la creación de una capacidad nacional instalada, habilitada y desarrollada para el tratamiento pacífico de los conflictos que afectan a la sociedad guatemalteca. El programa se concentra en tres niveles de asistencia: la facilitación de espacios informales de diálogo; la capacitación de actores en temas relacionados al campo de la resolución pacífica de conflictos y la asistencia técnica dirigida al fortalecimiento institucional de los actores que actúan como contrapartes del programa.

Específicamente, PROPAZ se propone 1) fortalecer la capacidad institucional de algunos de los organismos del gobierno para responder positiva y efectivamente a los problemas que generan conflictos; 2) reforzar la capacidad de algunas de los organizaciones de la sociedad civil para tratar constructivamente los problemas que generan conflictos; 3) apoyar la creación o desarrollo de mecanismos intersectoriales que faciliten la participación de actores del estado y la sociedad civil en la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas claves que afectan la sociedad guatemalteca; 4) incrementar la capacidad de los recursos humanos de Guatemala en las áreas de mediación, negociación y facilitación de diálogo y 5) compartir las lecciones aprendidas, las metodologías y los materiales de aprendizaje de la experiencia de PROPAZ en Guatemala con actores nacionales e internacionales interesados en los procesos de construcción de la paz.

Para el cumplimiento de sus propósitos, el Programa utiliza una metodología participativa, en el cual las contrapartes nacionales desarrollan procesos de análisis de conflictos, diálogo, negociación, concertación o participación a través de espacios formales y no formales, facilitados o potenciados por el Programa. El Programa trabaja directamente con los actores guatemaltecos a cargo del desarrollo de marcos o directrices para el tratamiento de conflictos.

Areas del Programa. El Programa está dividido en cuatro áreas de acción: estatal, intersectorial, zonal y de formación de recursos humanos.

Area Intersectorial. El objetivo del área intersectorial es el de crear espacios nacionales para el análisis, la discusión, la negociación, la elaboración de propuestas y la conducción de procesos en las principales áreas de conflicto del país (tierra, trabajo y desarraigo). En este sentido, el área intersectorial propicia la participación organizada de los principales actores, estatales o de organizaciones de la sociedad civil, en la discusión en torno a estas grandes áreas de conflicto, ofreciéndoles la capacitación necesaria. En este marco, el área intersectorial ha facilitado el diálogo inter-agencial entre diversas instituciones del gobierno (tales como la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra-CONTIERRA, el Fondo para la Tierra-FONTIERRA y la Comisión Institucional para Desarrollar y Fortalecer la Propiedad de la Tierra-PROTIERRA) y el diálogo entre éstas y otras agencias gubernamentales y diversas organizaciones de la sociedad civil (tales como la Coordinación de la Organización del Pueblo maya de Guatemala-COPMAGUA y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas-CNOC) para promocionar el establecimiento de un diálogo constructivo.

Area Estatal. El objetivo del área estatal es el de fortalecer la capacidad de las instituciones estratégicas y operativas del Estado para que éste pueda responder adecuadamente a los conflictos y a los factores que los generan. Entre otras actividades, se destaca el trabajo realizado con la Comision Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra-PROTIERRA y la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra-CONTIERRA en el ámbito de la tierra; la Escuela Superior de Conciliación y Mediación del Ministerio de Trabajo en el ámbito laboral y con la Comisión de Modernización del Organismo Judicial en el ámbito de la justicia.

Area Zonal. El área zonal del programa tiene como propósito contribuir al desarrollo de una infraestructura de paz en los municipios del país, ya sea a través de instancias gubernamentales, de instancias de la sociedad civil o de ambas. Entre otras actividades, esta área proveyó entrenamiento en comunicación y análisis de conflicto a 60 vicealcaldes auxiliares en el departamento de Rabinal, apoyando así los esfuerzos para mejorar las relaciones y la comunicación entre las autoridades locales. PROPAZ ejecutó también en este departamento una serie de programas de entrenamiento para directores y funcionarios técnicos de las llamadas Unidades Técnicas Municipales (UTM), así como una serie de iniciativas para apoyar los esfuerzos para mejorar las relaciones inter institucionales entre los diferentes órganos gubernamentales locales.

Area de Formación de Recursos Humanos. El objetivo del área de formación de recursos humanos ha sido la de desarrollar la capacidad nacional en las áreas de facilitación de diálogo y diseño de procesos de negociación multilateral, a fin de cooperar con el establecimiento de mecanismos institucionales viables y la generación de recursos humanos capacitados para tratar efectivamente el conflicto. En este sentido, PROPAZ desarrolló un programa de entrenamiento intensivo sobre el manejo de conflicto intersectorial para individuos provenientes de los distintos sectores de la sociedad guatemalteca. Como parte de estos esfuerzos, el programa diseñó un curriculum titulado "Diseñando y Facilitando Procesos de Acercamiento y Diálogo", cuya primera etapa se llevó a cabo en la primera mitad del corriente año. Dicho proceso tuvo como objetivo la formación de individuos provenientes de distintos sectores en el área de facilitación de procesos de diálogo y negociación, tanto internos entre grupos de un mismo sector o entre distintos sectores. La formación fue estructurada de forma tal que los participantes egresaran del curso con capacidades y conocimientos técnicos para propiciar, diseñar y facilitar procesos participativos y de toma de decisiones. La selección de los participantes se hizo a título individual y se llevó a cabo mediante un cuidadoso proceso, que incluyó la elaboración de ensayos y trabajos de análisis. Adicionalmente, PROPAZ proveyó entrenamiento en técnicas de negociación a un grupo de funcionarios clave del Ministerio de Trabajo y Promoción Social (MTPS), a través de la Escuela de Conciliación y Mediación (ESCM). PROPAZ trabajó también con la Universidad Landívar, en donde se realizaron cursos de capacitación para docentes a nivel universitario y representantes de ONGs.

PROPAZ es un programa único en el sentido que intenta ofrecer una aproximación integral al proceso de construcción de la paz, combinando el desarrollo de habilidades específicas -tales como las de comunicación, negociación mediación y desarrollo de consensos- con la creación de foros o espacios donde las partes en disputa se reúnen para resolver sus diferencias. En este sentido, el enfoque de PROPAZ tiene en cuenta las dimensiones humana, cultural y estructural del proceso de construcción de la paz.

Las Comisiones de Paz (Nicaragua)

Las Comisiones de Paz son agrupaciones civiles independientes impulsadas por la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV/OEA) en Nicaragua a partir de 1994 con el objeto de estimular la participación de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos en las zonas con mayores índices de conflictividad. Las mismas están integradas por líderes campesinos y cumplen funciones en cuatro áreas principales: mediación, verificación del respeto a los derechos humanos, promoción de los derechos humanos y facilitación de proyectos de interés comunitario.

La decisión de crear las comisiones de paz se debió en parte a la ausencia en las zonas de postguerra de instituciones del estado o de la sociedad civil que pudieran asumir gradualmente las tareas de verificación, resolución de conflictos y mediación que cumplían hasta ese momento los funcionarios internacionales de la CIAV.

Para la creación de las comisiones de paz, la CIAV identificó las zonas de mayor violencia y conflictividad dentro del territorio de postguerra nicaragüense, lo que implicó determinar los lugares con mayor incidencia de enfrentamientos militares y violaciones de los derechos humanos. Una vez identificadas estas zonas, se procedió a identificar a los individuos con mayor predicamento, prestigio y disposición para organizarse, al margen de los bandos a los que hubieran pertenecido durante el conflicto de la década del ochenta. Una vez que éstos fueron identificados se procedió a capacitarlos mediante la implementación de seminarios de formación en derechos humanos, educación cívica y técnicas de resolución de conflictos. Entre 1994 y 1996 se impartieron 852 talleres de capacitación.

Durante el desarrollo de los talleres de capacitación, la OEA asesoró a los participantes sobre posibles formas de organización de las futuras comisiones de paz, de acuerdo a los criterios y necesidades de cada grupo. Así, cada comisión asumió la forma organizativa producto de las inquietudes de sus integrantes, las necesidades particulares de sus comunidades y la singularidad de los conflictos que enfrentaban. Por lo general, las comisiones se estructuraron en torno a una comisión directiva elegida democráticamente y diversas comisiones de trabajo para el desarrollo de las tareas específicas.

Con el objeto de garantizar la continuidad de las comisiones de paz luego del retiro de la CIAV, la OEA involucró en el programa a instituciones permanentes de la sociedad nicaragüense, tales como la Iglesia Católica. Mediante esta iniciativa, la CIAV buscó proporcionar a las comisiones de paz el apoyo de instituciones nacionales con fuerte presencia y prestigio en las zonas de conflicto. Actualmente, las diferentes comisiones se hallan ligadas entre sí, formando una red que cubre la totalidad de las zonas de postguerra.

Funciones de las Comisiones de Paz. Como se señaló anteriormente, las comisiones de paz cumplen sus tareas en cuatro áreas principales: mediación, verificación del respeto a los derechos humanos, promoción de los derechos humanos, y facilitación de proyectos de interés comunitario.

Mediación. La existencia de las comisiones de paz permite a la población de las zonas más aisladas contar con un mecanismo local de resolución de controversias. Esta circunstancia opera como un elemento disuasivo de la violencia, creando, a la vez, un principio básico de institucionalidad. Los conflictos en los que han intervenido las comisiones de paz abarcan conflictos agrarios, conflictos derivados de la presencia de grupos armados y conflictos político-ideológicos, entre otros. En el caso de los conflictos en los que se encontraban involucrados grupos irregulares armados y fuerzas del estado, las gestiones de las comisiones han sido especialmente importantes como factor de distensión. Estas acciones han permitido estabilizar comunidades que antes de la formación de las comisiones se hallaban sometidas a fuertes niveles de violencia.

Verificación de derechos humanos. Las comisiones de paz reciben denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de la población campesina, realizan la investigación pertinente y, en base a los resultados de dicha investigación, llevan a cabo gestiones ante las autoridades judiciales y policiales más cercanas, operando como nexo entre las comunidades y las autoridades. Este procedimiento ha permitido paliar, en parte, la falta de jueces y policías en estas áreas, actuando como un mecanismo local de control y disuasión de excesos, violaciones y abusos de autoridad. Mediante estas acciones se intenta eliminar el fenómeno de la impunidad, que ha sido históricamente un factor reproductor de la violencia.

Promoción de los Derechos Humanos. Las comisiones de paz desarrollan un papel fundamental en la difusión de la noción de derechos humanos en sus respectivas comunidades. Esta tarea es particularmente importante en las zonas que han vivido históricamente en guerra y donde por lo tanto persiste la cultura de la confrontación y la intolerancia.

Facilitación de proyectos estatales o no-gubernamentales. Las comisiones de paz actúan también como facilitadoras para la ejecución de proyectos de desarrollo y de fortalecimiento institucional, tanto por parte del Estado como por parte de organizaciones no-gubernamentales. Este aspecto del trabajo de las comisiones de paz reviste particular significación, ya que el mismo les ha permitido asumir gradualmente otras funciones, vinculadas al desarrollo comunitario. Dadas las grandes carencias sociales y económicas de estas zonas, el papel de facilitadoras de proyectos de las comisiones de paz contribuye a mejorar las condiciones sociales de la población en general. Dada la dificultad para acceder a estas zonas, muchos de los proyectos realizados en la región en los últimos años difícilmente podrían haberse ejecutado sin la asistencia de las comisiones de paz locales.

Logros de las Comisiones de Paz. La actividad de las comisiones de paz en las antiguas zonas de conflicto permitió restar legitimidad a las expresiones armadas como forma de resolución de los problemas de la comunidad. La participación de instancias locales en los procesos de negociación y mediación permitió además adecuar las alternativas del proceso de pacificación a las particularidades de cada región. Si bien la función principal de las comisiones de paz fue inicialmente la de actuar como promotoras de los derechos humanos y mediadoras en casos de conflictos, éstas se convirtieron gradualmente en las expresiones organizadas más visibles de la comunidad, pasando a actuar como interlocutoras ante las autoridades nacionales, promotoras de iniciativas de desarrollo local y facilitadoras para la ejecución de distintos proyectos de interés comunitario.

La actividad de las comisiones posibilitó, entre otras cosas, la desmilitarización de centros poblados en las zonas de postguerra, lo que a su vez facilitó el desescalamiento de situaciones de conflicto en varios municipios. Entre otros logros, las gestiones realizadas por las comisiones de paz permitieron el establecimiento de ceses de fuego, la desmovilización de varios grupos rearmados y la liberación de numerosos rehenes . La recepción de denuncias por violaciones a los derechos humanos, la realización de las investigaciones pertinentes y la gestión ante autoridades competentes contribuyó además a la disminución de este tipo de abusos .

Adicionalmente, las comisiones de Paz han apoyado al Consejo Supremo Electoral para la organización de las inscripciones electorales en las zonas más alejadas ; colaborado con el ejército para actividades de desminado en zonas remotas y asistido a la población en proyectos de titulación de tierras . Las comisiones han apoyado también a organismos estatales y no-gubernamentales para el desarrollo de proyectos de infraestructura, vivienda, salud y medio ambiente en comunidades alejadas.

La actividad de las comisiones de paz en las zonas de postguerra tuvo un importante efecto multiplicador. El éxito de las primeras comisiones motivó la creación de comisiones similares en otros puntos del país, lo que gradualmente permitió establecer una red nacional. Este efecto benefició especialmente a las comunidades más alejadas ya que el mismo les posibilitó trascender su aislamiento. Actualmente existen 180 comisiones y subcomisiones de paz, de las que participan aproximadamente 1.000 promotores. Las mismas conforman una red nacional, abarcando una serie de municipios situados en las zonas conflictivas o potencialmente conflictivas del país. Todas ellas se hallan intercomunicadas con equipos de radio, lo que les permite un inmediato intercambio de información. MICIVIH (Haití)

La Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH) fue creada por la OEA y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en febrero de 1993 como resultado de un esfuerzo internacional para resolver la crisis política haitiana provocada por el golpe de estado de 1991.

El mandato de la MICIVIH se concentra principalmente en la promoción y defensa de los derechos humanos y el apoyo a la consolidación democrática y el fortalecimiento institucional. En 1997, sin embargo, con el apoyo de la UPD se inició un exhaustivo programa de resolución pacífica de conflictos. El objetivo general de este programa fue el de incrementar la capacidad institucional e individual de Haití a fin de posibilitar una transformación duradera y estratégica de la sociedad. Para ello, el programa se concentró en el desarrollo de técnicas de comunicación efectiva entre los segmentos críticos de la población, tales como la policía, la juventud, los jueces, los líderes municipales y los sectores campesinos, así como los diferentes estamentos entre las autoridades.

Programas específicos. En el marco de este programa se establecieron cinco programas específicos de capacitación: resolución pacífica de conflictos para campesinos; resolución pacífica de conflictos para miembros de la policía; resolución pacífica de conflictos para representantes de la sociedad civil; mediación para autoridades judiciales y reducción de la violencia urbana.

Capacitación en resolución de conflictos para campesinos. Este programa se estableció en el departamento de Artibonite con el objeto de entrenar a líderes campesinos y comunitarios en el manejo de herramientas para la resolución pacífica de los conflictos vinculados a la tierra, así como de proveerles de un foro informal para la exploración y discusión de sus problemas.

Capacitación en resolución de conflictos para la policía nacional haitiana (HNP). Este programa tuvo como objetivo transformar las relaciones entre la policía y el público, caracterizada con frecuencia por problemas de abuso. El programa fue administrado en forma conjunta con la Academia Nacional de Policía (Direction de Ecoles et de Formation Permanente) y contó con la cooperación de la Oficina Nacional del Jefe de Policía (Direction Generale de la Police Nationale de Haití).

Capacitación en resolución pacífica de conflictos para representantes de organizaciones no-gubernamentales. Este programa estuvo dirigido a representantes de la sociedad civil y tuvo como objeto expandir la red de individuos con experiencia y conocimiento en técnicas de intervención y prevención de conflictos en sus respectivas áreas de trabajo.

Programa en mediación para autoridades judiciales. Este programa tuvo como objetivo el entrenamiento de autoridades judiciales, en particular de jueces y fiscales, en el empleo de técnicas de mediación como métodos efectivos para la resolución de disputas domésticas e interfamiliares. El programa trabajó directamente con el Ministerio de Justicia y la Escuela Nacional de la Magistratura (Ecole de la Magistrature), los cuales adoptaron luego formalmente el programa para el entrenamiento de la fuerza policial.

Programa de Reducción de la Violencia Urbana. Este programa fue establecido en forma conjunta con los comités locales de prevención del crimen con el objeto de facilitar el diálogo y desarrollar relaciones personales entre la policía y la ciudadanía. Mediante esta iniciativa se buscó incrementar el sentido de participación y responsabilidad ciudadana en el análisis de problemas comunitarios, tales como el patrullaje policial y la prevención del crimen. Los participantes de los programas fueron introducidos a conceptos claves vinculados a la definición de conflictos, los diferentes estilos de manejo de conflictos, las diferencias entre conflictos destructivos y conflictos constructivos y las habilidades y técnicas de comunicación efectiva. Las sesiones de entrenamiento incluyeron también una serie de ejercicios introductorios sobre negociación y mediación. Entre otros elementos, el programa desarrolló un manual de técnicas de resolución de conflictos.

Caso del Bloque Samoré (Colombia)

En mayo de 1997, el Gobierno de Colombia solicitó a la OEA adelantar una investigación sobre el conflicto generado en el llamado Bloque Samoré, en el sector nororiental de Colombia, entre un grupo de compañías petroleras y la comunidad indígena U'wa. La solicitud respondía directamente a un requerimiento formulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, con el aval de la compañía petrolera Occidental de Colombia (subsidiaria de la compañía Occidental de los Estados Unidos) y representantes de la comunidad U'wa y de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Otras de las partes interesadas eran la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) del Ministerio de Agricultura.

En respuesta a esa solicitud, la OEA organizó una misión compuesta por expertos de la UPD, de la Secretaría General de la Organización y del Centro de Sanciones No Violentas y Supervivencia Cultural de la Universidad Harvard. El objetivo de la misión fue el de recopilar las perspectivas y opiniones sobre el caso e identificar posibles fórmulas de manejo del conflicto. Asimismo, se acordó que, de contarse con el aval de los sectores involucrados, se iniciaría posteriormente un proceso de diálogo con el fin de facilitar entre estos sectores la mutua comprensión de los diversos aspectos involucrados en el conflicto, tales como los aspectos relativos a la preservación cultural y aquellos de orden social, económico y ambiental.

Tras la conclusión de los estudios iniciales y la presentación del informe correspondiente, titulado "El Caso Samoré: Observaciones y Recomendaciones", el equipo de la OEA y la Universidad de Harvard propuso una serie de recomendaciones a fin de facilitar el acercamiento entre las partes. Entre otras sugerencias, en el mencionado documento se recomendó: 1) la emisión de una declaración por parte de las compañías petroleras en la que se comprometan a suspender la ejecución de sus planes para la exploración o explotación de petróleo dentro del Bloque Samoré, como paso inicial para la creación de mejores condiciones para el diálogo; 2) la normalización del proceso para la ampliación de la reserva destinada a los U'wa; 3) la moderación de la retórica pública de las partes; 4) el reconocimiento y el respeto del sistema de autoridad y liderazgo de los U'wa; 5) la concretización de un proceso de consulta bajo responsabilidad del gobierno colombiano; 6) la preparación y asistencia técnica para los U'wa en cualquier proceso de consulta que se realice con ellos y 8) la creación de un programa para la prevención y/o resolución de conflictos.

El problema relativo al territorio quedó superado mediante una resolución del INCORA firmada el 6 de agosto del presente año, en la que el gobierno colombiano creó el llamado Resguardo Unico U'wa, con un área que pasó de 61.000 a 220.000 hectáreas para una comunidad de 707 familias integradas por 3.582 personas. El gobierno se comprometió a destinar varios miles de millones de pesos para comprar predios y realizar mejoras para los colonos y los campesinos que no pertenecen a la comunidad indígena. Una de las aspiraciones de los actores del conflicto era definir el resguardo de manera clara, garantizándose a los U'wa las condiciones para el desarrollo y la sobrevivencia de su cultura. El problema de la territorialidad se trabajó de manera independiente, de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el informe del grupo OEA/Harvard. La discusión del mismo, por lo tanto, no se condicionó a que los indígenas permitieran la exploración petrolera.

Cursos sobre análisis y manejo de conflictos

La UPD, con la colaboración de otras instituciones del Hemisferio, ha realizado dos cursos sobre análisis y manejo de conflictos. El primero se realizó en Santo Domingo, República Dominicana, a mediados de junio de 1999 y contó con la cooperación del United States Intitute of Peace (USIP), el United States Federal Mediation and Conciliation Service, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santo Domingo, el Programa Universitario Regional del Caribe de la Unión Europea y el Departamento de Becas de la OEA. De este curso participaron 30 representantes gubernamentales de alto nivel provenientes del Caribe de habla inglesa, Haití, Belice, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá, El Salvador y Colombia, así como de representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El segundo se realizó en Bogotá, Colombia, a mediados de septiembre de 1999, con la colaboración de la Universidad Javeriana, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y la asistencia financiera del Departamento de Becas de la OEA. Del mismo participaron 35 representantes provenientes de sector público nacional, regional y local, medios de comunicación, centros de estudios superiores y organizaciones de la sociedad civil de la región Andina y Chile.

El objetivo principal de ambos cursos fue el de promover un mayor conocimiento de la dinámica de los conflictos socio-políticos, así como el desarrollo de las habilidades y destrezas para prevenirlos, manejarlos y resolverlos. Asimismo, se intentó sensibilizar a los participantes sobre la importancia de crear instrumentos y estrategias para la resolución pacifica de conflictos. Durante el transcurso de los cursos se analizaron temas tales como los diferentes tipos de disputas y sus causas, la intensificación y reducción de conflictos y el momento apropiado para comenzar los procesos de negociación, facilitación, conciliación o mediación en los mismos.

V. OTRAS ACTIVIDADES

Como parte de sus actividades de apoyo a los procesos de consolidación democrática, la Secretaría General de la OEA prepara y envía misiones de observación electoral a los Estados miembros que así lo solicitan. La Asamblea General de la Organización recomendó el envío de estas misiones a los países que así lo soliciten con el objeto de “observar el desarrollo, de ser posible en todas sus etapas, de cada uno de los respectivos procesos electorales”.

Con el objeto de llevar a cabo este mandato, y colaborar con las autoridades gubernamentales, electorales y partidarias y la población en general para asegurar la integridad e imparcialidad del proceso electoral, las misiones de observación electoral de la Organización han servido con frecuencia como conducto informal para la construcción de consenso, la distensión y la resolución de conflictos entre los diferentes actores del proceso electoral. VI. CONCLUSIONES

El mantenimiento de la paz y la seguridad en la región está íntimamente vinculado a la vigencia de los derechos humanos y la consolidación de la democracia en los países del Hemisferio. De ahí la importancia de inculcar en la sociedad y sus instituciones los valores y las prácticas democráticas fundamentales.

El arraigo de estos valores y prácticas es por definición una tarea lenta y un objetivo a largo plazo, ya que apunta, en última instancia, a profundos cambios culturales tendientes a la construcción de una sólida cultura política democrática. El desarrollo de esta cultura implica la transformación de los valores, las creencias, las actitudes, los comportamientos, las aptitudes y las prácticas vigentes en una sociedad o comunidad.

Esta transformación de la sociedad es una tarea colectiva. Por ello, la misma tiene que contar con el firme compromiso e involucramiento no sólo de los gobiernos sino también de todos los sectores de la sociedad, con el firme y decidido apoyo de instancias multilaterales como la OEA.