
Las organizaciones solicitantes alertaron sobre el hostigamiento y ataques digitales contra personas defensoras de derechos humanos de poblaciones históricamente excluidas. Estas acciones atentan contra el espacio cívico y buscan silenciar a voces críticas. Particularmente, las mujeres defensoras serían afectadas por mensajes sexistas y misóginos. A criterio de las organizaciones, esto se entrelaza con el endurecimiento de las políticas migratorias que afectan de manera desproporcionada a personas dominicanas de ascendencia haitiana.
El Estado reconoció que el respeto a libertad de asociación y participación ciudadana son pilares de la democracia y rechazó todo acto de violencia y persecución contra personas defensoras. Asimismo, indicó que garantiza el derecho a la protesta pacífica, y destacó que la institucionalidad ofrece vías legales efectivas de respuesta.
La Comisión saludó la disposición del Estado para dialogar, y expresó preocupación por las dificultades enfrentadas por sociedad civil para la defensa de derechos humanos. También llamó a incorporar un diálogo intercultural que permita superar la discriminación estructural. Finalmente, solicitó su aprobación para realizar una visita de trabajo al país.