
Las organizaciones de la sociedad civil alertaron que en Venezuela persiste un clima de persecución contra las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos. Entre los patrones represivos que enfrentan se encuentran las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la anulación de pasaportes. A esto se suma un entorno estigmatizante promovido por altas autoridades, que presenta a las personas defensoras como parte de un supuesto “enemigo interno”, así como un marco legal restrictivo que dificulta su labor de defensa.
El Estado no envió representantes a esta audiencia.
Por su parte, la CIDH señaló que el Estado ha permanecido por 20 años en el capítulo IV.B del Informe Anual, dedicado a los países con las situaciones más complicadas en materia de derechos humanos. Agregó que la Comisión no dejará de denunciar la represión contra las personas defensoras de derechos humanos y que mantendrá sus llamados para que el país regrese a la democracia.