REDESCA publica informe sobre incendios en Bolivia y urge actuar ante impactos en derechos humanos y los ecosistemas

17 de julio de 2025

Impactos de los incendios forestales en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la biodiversidad

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Relatoria Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

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Washington, DC—La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy el informe "Impactos de los incendios forestales en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la biodiversidad", elaborado a partir de su visita de trabajo al Estado Plurinacional de Bolivia realizada entre el 9 y el 11 de diciembre de 2024.

Durante la misión, encabezada por el Relator Especial Javier Palummo Lantes, la delegación visitó La Paz, Santa Cruz de la Sierra y San Ignacio de Velasco, incluyendo un sobrevuelo en la región de la Chiquitanía, para documentar los impactos de los incendios forestales sobre los derechos humanos, en particular sobre comunidades rurales e indígenas.

El informe documenta una tendencia creciente de incendios forestales en las últimas dos décadas, con daños generalizados sobre la naturaleza, los territorios y las poblaciones. En 2024, Bolivia enfrentó una emergencia de magnitud sin precedentes, con más de 10 millones de hectáreas afectadas, lo que generó un impacto devastador sobre ecosistemas estratégicos y medios de vida. Según información oficial, los departamentos más afectados fueron Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando y especialmente Santa Cruz, donde el fuego arrasó aproximadamente 7,3 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 65% de la superficie total afectada. Estos incendios implicaron pérdidas significativas tanto ambientales como socioeconómicas, afectando a comunidades, sus formas de subsistencia y los ecosistemas de los que dependen.

El informe analiza los impactos en una amplia gama de derechos, incluidos el acceso al agua, la salud, la alimentación, la vivienda, la educación, el trabajo y los derechos culturales, subrayando cómo se profundizaron las desigualdades estructurales que ya enfrentan pueblos indígenas, comunidades campesinas, mujeres, personas mayores y en situación de pobreza.

El informe destaca la urgencia de adoptar un Plan Nacional de Manejo Integral del Fuego con enfoque ecosistémico, preventivo e intercultural, que articule conocimientos científicos y saberes tradicionales. También insta a eliminar incentivos normativos y económicos al cambio de uso del suelo y la deforestación, asegurar evaluaciones de impacto ambiental y social, y exigir debida diligencia climática, ambiental y en derechos humanos a las empresas que operan en sectores de alto impacto. Además, el informe señala que la gestión del fuego requiere integrar conocimientos tradicionales, mejorar la fiscalización y garantizar la participación y acceso a la información, todo esto con un enfoque preventivo, intercultural y basado en derechos.

La REDESCA valora los esfuerzos desplegados por el Estado boliviano en la respuesta a la emergencia, incluyendo la actuación de los distintos niveles de gobierno, las brigadas comunitarias y la cooperación internacional. No obstante, remarca que la prevención estructural, la restauración ecológica y la acción climática con enfoque de derechos humanos son claves para evitar nuevas crisis de esta magnitud.

Considerando el carácter transfronterizo de los incendios y sus efectos regionales, la Relatoría enfatiza la necesidad de avanzar hacia mecanismos de gobernanza ambiental regional, en línea con los estándares interamericanos y otros instrumentos multilaterales sobre cambio climático, salud, desastres y derechos humanos.

La REDESCA agradece al Estado Plurinacional de Bolivia por su apertura y colaboración durante la visita y la elaboración del informe, en particular al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Misión Permanente ante la OEA, así como a las autoridades de todos los niveles, liderazgos indígenas, comunidades rurales, personas defensoras del medio ambiente y de la naturaleza, brigadas comunitarias, sociedad civil y cooperación internacional, cuyas contribuciones fueron fundamentales.

Asimismo, la Relatoría reitera su disposición para brindar asistencia técnica, incluyendo la posible activación de un mecanismo de seguimiento que permita acompañar la implementación de las recomendaciones y fortalecer la protección de los derechos humanos frente a la emergencia climática.

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una relatoría creada por la CIDH con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

No. RD143/25

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