A 11 años de Ayotzinapa, persisten las obligaciones de búsqueda, verdad y justicia: CIDH

26 de septiembre de 2025

Washington, DC—A 11 años de los hechos de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirma su compromiso y solidaridad con las familias. Asimismo, llama al Estado mexicano a garantizar un diálogo consistente y transparente con las familias y a redoblar sus esfuerzos en la determinación de la suerte o paradero de los estudiantes y en la sanción de los responsables.

La medida cautelar 409/14, emitida por la CIDH el 3 de octubre de 2014, continúa vigente. En dicha resolución, la Comisión solicitó al Estado determinar la suerte o paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. También requirió prestar la debida atención a los estudiantes sobrevivientes de los violentos ataques de aquella noche. Desde entonces, la CIDH ha acompañado activamente a las familias y al Estado en las distintas iniciativas impulsadas para garantizar verdad, justicia y reparación integral.

En su último informe, la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) advirtió el posible involucramiento del crimen organizado, policías, militares y otras autoridades estatales en la desaparición de los normalistas. Pese a lo anterior, 11 años después, el Estado no termina de esclarecer las circunstancias de la desaparición y las familias continúan sin conocer qué ocurrió con sus seres queridos.

En los últimos años las víctimas y sus representantes mostraron preocupación por la falta de efectividad de los espacios de diálogo; la percepción de obstáculos en el acceso a la justicia, manifestada en el otorgamiento presuntamente irregular de beneficios procesales a militares; y la persistencia de la negativa de entregar documentación que se encontraría bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las familias también han manifestado temor al regreso de la "verdad histórica" y cuestionamientos de autoridades hacia sus representantes legales y órganos de derechos humanos que han activado mecanismos internacionales para atender el caso, lo cual es motivo de especial preocupación para la Comisión.

Por su parte, el Estado ha señalado que mantiene activas las operaciones de búsqueda y que ha redoblado los esfuerzos con más recursos; que las investigaciones respecto de la participación de militares en la desaparición continúan en curso; y que los beneficios procesales otorgados indebidamente, de acuerdo con la Fiscalía Especial, están siendo litigados. En sus observaciones, el Estado informó del impulso de un cambio en la metodología utilizada para el análisis, valoración y corroboración de la información, para estructurar una investigación con base en pruebas técnicas y científicas. También ha dado cuenta de sus desafíos en materia de extradición de personas implicadas en el caso que se encuentran en otros países, así como sobre acciones de recolección de información con personas detenidas a través de la negociación de beneficios procesales previstos por la ley.

La información pública ha referido a nuevos esfuerzos positivos. En particular, la CIDH resalta que la Presidenta Claudia Sheimbaun haya retomado el diálogo directo con las familias, reafirmando su compromiso de llegar al esclarecimiento de los hechos y obtener verdad y justicia, anunciando públicamente nuevas líneas de investigación, resultado del trabajo coordinado de la Fiscalía, el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia. Asimismo, se reconocen los mensajes públicos del Poder Ejecutivo que manifiestan compromiso con la apertura de archivos del Ejército y el castigo a los culpables. En esta tarea, la CIDH destaca el anuncio reciente sobre la apertura del Estado para el involucramiento de personas expertas independientes que contribuyan con las tareas de investigación y judicialización de la Fiscalía.

Adicionalmente, la Comisión tuvo conocimiento, de un cambio en la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa. En un contexto en el que el diálogo con la Fiscalía Especial era una preocupación identificada por la CIDH, por lo que este cambio, debe venir acompañado de la determinación de una estrategia clara para el desarrollo de diligencias y fortalecimiento del acervo probatorio, celeridad en las judicializaciones, robustecer los procesos existentes y, sobre todo, la recuperación de la centralidad de las víctimas

La Comisión ratifica su compromiso con las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y resalta su digna lucha por la verdad y la justicia, la cual se ha mantenido incólume por 11 años. La CIDH lamenta que en el último año el padre del normalista Luis Ángel Abarca, el señor Donato Abarca Beltrán, haya fallecido sin conocer la verdad sobre la desaparición de su hijo.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 196/25

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