Los Estados deben garantizar la seguridad de las personas mayores frente a la emergencia climática

1 de octubre de 2025

Washington, DC—En el día internacional de las personas mayores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) llaman a los Estados de la región a disponer medidas de prevención, atención y protección de las personas mayores frente a los fenómenos y desastres naturales provocados por el cambio climático. Ellas son sujetos de derecho y su atención en las políticas climáticas no solo favorece su inclusión social y combate el “edadismo” (la discriminación por edad), sino que es una estrategia necesaria para responder a los impactos negativos y desproporcionados que enfrentan debido a ello.

La emergencia climática ha sido reconocida por la CIDH como una grave amenaza a la vida humana que profundiza vulnerabilidades preexistentes e impacta el ejercicio y el goce de los derechos humanos, y particularmente, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así también, ha señalado que los Estados deben velar porque los impactos del cambio climático, incluidos los desastres socioambientales, no amenacen los derechos a la vida, a la integridad personal y la salud de las personas adultas mayores.

Por su parte, la REDESCA ha documentado los impactos diferenciados de los desastres naturales contra las personas mayores. En casos de inundaciones, se ha puesto en evidencia la falta de refugios adecuados y accesibles, así como limitaciones al acceso e interrupciones de servicios y tratamientos de salud. Asimismo, en casos de incendios, se ha informado del impacto desproporcional de las inhalaciones de humo y la contaminación del aire respecto de esta población, registrándose enfermedades respiratorias, cardiovasculares, además de la falta de agua potable durante estas emergencias.

En esta línea, la Corte Interamericana ha sostenido que todos los poderes del Estado, tanto en su esfera de acción interna como internacional, se deben articular para proteger los derechos humanos amenazados y afectados por la emergencia climática, y de modo particular respetar, garantizar y avanzar progresivamente en la protección de los derechos afectados. Los Estados deben destinar el máximo de recursos disponibles para proteger a las personas y grupos que, por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, están expuestos a impactos especialmente graves del cambio climático.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores dispone que se deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad y atender las necesidades de las personas mayores frente a la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación frente a emergencias y desastres.

En este sentido, la CIDH y la REDESCA llaman a los Estados de la región a que incorporen un enfoque de derechos humanos en la formulación, implementación y monitoreo de todas las políticas y medidas relacionadas con el cambio climático, atendiendo de forma particular los impactos sobre las personas mayores como sujetos plenos de derecho, cuyas existencias son dignas y requieren ser protegidas. Lo anterior, asegurando que, todas las estrategias, tanto de prevención como de atención, no generen nuevas vulnerabilidades ni exacerben las existentes.

La incorporación de las personas mayores en las políticas frente a la emergencia climática es una forma de erradicar el “edadismo” y favorece la toma de conciencia para la revaloración de la vejez y el empoderamiento de ellas. La participación de las personas mayores en la construcción de políticas y líneas de acción frente al cambio climático es un derecho que debe ser garantizado por los Estados.

Finalmente, la CIDH insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a adherirse a Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y a desarrollar respuestas integrales respecto de la atención de personas mayores en el contexto del cambio climático. En la actualidad son parte de la Convención Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Uruguay.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. 

No. 199/25

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