CIDH llama a garantizar la participación política de las personas con discapacidad

3 de diciembre de 2025

Washington, DC—En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca que la democracia no puede considerarse completa si las personas con discapacidad no pueden participar plena y efectivamente en la vida pública, en igualdad de condiciones. El derecho a participar en los procesos de toma de decisiones públicas, así como los derechos a votar, a ser elegidas y acceder a funciones públicas en igualdad de condiciones, constituyen pilares fundamentales de las sociedades democráticas.

En los últimos años, se han observado avances importantes en la región que han fortalecido el ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a participar en los procesos de toma de decisiones públicas. Las autoridades electorales y los partidos políticos han adoptado medidas para garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad, tanto como electoras como candidatas. Algunos marcos constitucionales y normativos incluyen ahora obligaciones de accesibilidad en los procesos electorales, prohíben los centros de votación excluyentes y requieren herramientas de comunicación accesible, como interpretación en lengua de señas, subtitulado, audiodescripción y boletas en Braille. Asimismo, se ha ampliado la accesibilidad en la comunicación política, incluyendo la incorporación de lengua de señas en noticieros.

A pesar de estos avances, persisten desafíos significativos. La implementación es desigual y, con frecuencia, los esfuerzos se concentran en áreas urbanas y se limitan principalmente a la accesibilidad física, como rampas o señalización, mientras que hospitales, escuelas, servicios rurales e instituciones públicas continúan rezagados. Las personas con discapacidad sensorial, intelectual y psicosocial enfrentan barreras persistentes para acceder a la información, incluso durante los procesos políticos.

Organizaciones de la sociedad civil han denunciado la persistencia de prácticas realizadas sin el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad, como la privación de libertad, lo cual elimina en la práctica cualquier posibilidad de participar en la vida pública y política. Asimismo, se han expresado preocupaciones sobre obstáculos vinculados al acceso a los sistemas de transporte público —incluyendo mecanismos de pago no accesibles y limitaciones a la movilidad independiente— que son esenciales para la participación en la vida pública y política.

La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad establece la obligación de los Estados de adoptar las medidas legislativas, sociales, educativas, laborales o de cualquier otra índole necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y promover su plena integración en la sociedad, incluyendo en las actividades políticas y administrativas.

En este sentido, el Informe 2025 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CIDH llama a un cambio de paradigma. Los Estados deben facilitar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad a participar en los procesos de toma de decisiones públicas; reconocer el derecho a votar y a postularse para cargos de elección popular con los apoyos necesarios; asegurar condiciones de igualdad en los procesos electorales; proveer materiales electorales accesibles en diversos formatos, incluyendo Braille, documentos en lectura fácil, videos subtitulados e interpretación en lengua de señas; y establecer indicadores medibles y mecanismos de monitoreo con la participación activa de las personas con discapacidad. Deben asimismo garantizarse procedimientos de consulta vinculante para que las personas con discapacidad puedan incidir de manera significativa en la toma de decisiones públicas.

La participación pública y política de las personas con discapacidad no solo constituye un derecho humano, sino también una necesidad democrática. El ejercicio inclusivo de los derechos políticos fortalece las instituciones, enriquece el debate y garantiza que las políticas reflejen la diversidad de la sociedad. Poner fin a la discriminación y a la estigmatización es esencial para asegurar que todas las voces sean escuchadas, respetadas y reflejadas en las políticas e instituciones públicas. La CIDH insta a los Estados a honrar sus compromisos internacionales y regionales, en consonancia con la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, superar las medidas meramente simbólicas y asegurar que las personas con discapacidad estén plenamente empoderadas para construir la democracia.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato se fundamenta en la Carta de la OEA y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su misión es promover y proteger los derechos humanos en las Américas y servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia. La CIDH está integrada por siete personas independientes, elegidas por la Asamblea General de la OEA, que actúan a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 252/25

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