Resumen
Las organizaciones solicitantes alertaron sobre la impunidad en las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como el registro de 25 homicidios cometidos en 2024 contra personas defensoras del ambiente y del territorio. También alertaron sobre patrones de criminalización contra periodistas y personas operadoras de justicia, y señalaron la cooptación del sistema judicial por redes de poder que perpetúan la impunidad. Advirtieron que esta situación ha debilitado el Estado de derecho.
Por su parte, el Estado informó sobre la creación de una instancia de análisis de ataques contra personas defensoras y sobre una serie de acciones para implementar una política pública de protección en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. El Ministerio Público afirmó que no existe una política institucional de criminalización y que su actuación se enmarca en el respeto al marco jurídico. Asimismo, destacó la implementación de la instrucción 5/2018, que contempla un protocolo de investigación de delitos cometidos contra personas defensoras.
La CIDH expresó su profunda preocupación por los patrones persistentes de criminalización y urgió al Ministerio Público a actuar con imparcialidad y objetividad. Además, instó a garantizar una evaluación independiente de su actuación y a establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas respecto la criminalización persistente en el país.
Participantes
- Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)
- Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
- Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
- Seguridad en Democracia (SEDEM)
- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)
- Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)
- Estado de Guatemala
Temas
- Defensores y defensoras de derechos humanos