
Organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas alertaron sobre los impactos en derechos humanos derivados de los consecutivos estados de excepción que ha decretado el Estado ecuatoriano. Resaltaron la militarización de las tareas de seguridad ciudadana, en cuyo contexto se han producido denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. Resaltaron el caso de los niños desaparecidos y asesinados en “Las Malvinas”, que trajo a la luz a más de 30 casos de desapariciones durante 2024. Familiares relataron las detenciones arbitrarias y desapariciones de sus familiares a cargo de fuerzas militares. Informaron sobre la falta de atención estatal; deficiencias en las investigaciones; impactos a sus planes de vida y riesgos a su integridad derivados de la labor de búsqueda. Exigieron la búsqueda inmediata de sus familiares; verdad, justicia y reparaciones.
El Estado reafirmó su compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos en el contexto de sus políticas de seguridad pública. Afirmó que las fuerzas militares están capacitadas en estándares de derechos humanos para prevenir violaciones. Informó, en general, sobre los esfuerzos en la investigación de las denuncias por posibles desapariciones forzadas; se refirió a los programas e instituciones encargadas de acompañar a los familiares de personas desaparecidas y reafirmó su interés de cooperar con los órganos de derechos humanos para el fortalecimiento institucional.
La CIDH expresó solidaridad con las familias que participaron durante la audiencia. Recordó al Estado su obligación internacional de prevenir la desaparición forzada y realizar investigaciones exhaustivas e imparciales, incluso en estados de emergencia. Al respecto destacó la importancia de tomar medidas efectivas para la prevención, investigación, juzgamiento, sanción y reparación de casos de violaciones a los derechos humanos. También expresó al Estado su disposición para acompañar procesos de fortalecimiento institucional para las investigaciones de casos de desaparición forzada.