
Las organizaciones solicitantes presentaron estrategias innovadoras implementadas para responder a los desafíos de los sistemas judiciales de la región para el combate de la delincuencia organizada. Entre ellas destacaron: observatorios y documentación del fenómeno criminal; análisis de redes y bases de datos; fortalecimiento de la eficacia de ministerios públicos en la persecución de delitos complejos; fortalecimiento de sistemas propios de protección de comunidades, personas que ejercen liderazgos y defensoras de derechos humanos; y uso de bienes decomisados para reparación a víctimas.
La Comisión, por su parte destacó la iniciativa del uso de bienes decomisados para reparación de víctimas. Asimismo, consultó sobre desafíos identificados como la existencia de mecanismos diferenciados para la investigación y obstáculos en la carrera judicial, participación de las víctimas en el diseño de políticas y monitoreo, barreras de la sociedad civil que trabajan en áreas controladas por organizaciones criminales, brechas de cooperación, visiones sobre populismo punitivo y respeto de derechos humanos, mecanismos de rendición de cuentas, impacto de enfoques diferenciados, y recomendaciones de la sociedad civil para la resolución que se está preparando.