
El caso está relacionado con la presunta responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de los derechos de Ricaurte Losada Valderrama en relación con su desinvestidura como Senador de la República en 1994 y la inhabilitación perpetua para ocupar el cargo de congresista. La parte peticionaria sostuvo que la desinvestidura y la inhabilitación implicaron la vulneración de los derechos políticos, y del debido proceso del señor Valderrama.
Por su parte, el Estado alegó que no tiene responsabilidad internacional en este caso pues el proceso de desinvestidura cumplió con la normativa nacional e internacional.
Durante la audiencia, la Comisión escuchó las declaraciones del señor Losada Valderrama sobre los hechos del presente asunto y el alegato del Estado y afirmo que hará su mejor esfuerzo para resolver el caso lo antes posible.