CIDH: Los Estados deben adoptar medidas para la desinstitucionalización de personas con discapacidad

10 de octubre de 2025

Washington, DC—En el Día Internacional de la Salud Mental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados a avanzar hacia la eliminación de la institucionalización y la medicación forzada de personas con discapacidad. Esta transición debe garantizar el reconocimiento pleno de su capacidad jurídica y su inclusión social en igualdad de condiciones. 

Las personas con discapacidad continúan enfrentando violaciones graves de derechos humanos debido a prácticas legales y médicas que perpetúan su segregación. Bajo la apariencia de programas de cuidado o tratamiento, la reclusión en instituciones especializadas ha provocado su separación forzada de la comunidad y limitado el ejercicio de derechos fundamentales como la participación ciudadana y el voto.

Estas prácticas se sustentan en modelos históricos que conciben la discapacidad como una “carga social” y la tratan como una patología, justificando la institucionalización involuntaria y la medicación forzada, especialmente de personas con discapacidad psicosocial, intelectual o múltiple.

La CIDH recuerda que la institucionalización involuntaria y el tratamiento sin consentimiento libre, previo e informado vulneran derechos esenciales, incluyendo la libertad y la capacidad jurídica. Naciones Unidas ha calificado la internación involuntaria como una práctica discriminatoria y una forma de detención arbitraria. Frente a esta realidad, los Estados deben revisar y modificar sus legislaciones civiles y de salud mental, y a establecer planes graduales de desinstitucionalización que permitan reemplazar instituciones cerradas por servicios ambulatorios y apoyos comunitarios inclusivos.

La CIDH reitera que todas las personas con discapacidad tienen derecho a decidir su propio proyecto de vida y a gozar plenamente de sus derechos humanos en igualdad de condiciones. Este enfoque exige políticas públicas integrales, participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones y la garantía de servicios de apoyo accesibles en la comunidad. Avanzar en esta dirección es clave para construir sociedades más justas, inclusivas y respetuosas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 206/25

2:00 PM