La Relatoría Especial publica el Informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Chile

15 de octubre de 2025

Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Chile, elaborado a partir de la visita realizada del 18 al 21 de marzo de 2024. Esta visita se llevó a cabo de conformidad con la recomendación 48 del informe “Situación de los Derechos Humanos en Chile” y en el marco del acompañamiento del Mecanismo Conjunto de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe Situación De Derechos Humanos en Chile (MESECH). Durante la misma, la delegación de la RELE sostuvo reuniones con autoridades estatales, periodistas, representantes de medios de comunicación nacionales y comunitarios, organizaciones de la sociedad civil, y sectores académicos dedicados al seguimiento de la libertad de expresión. Asimismo, se reunió con víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.

Este informe recopila, analiza y sistematiza la información recibida antes, durante y después de la visita al país, incluyendo los informes derivados de las actividades de monitoreo de la Relatoría. En particular, destaca la trayectoria institucional de Chile en la protección de la libertad de expresión, resaltando su compromiso con los estándares interamericanos y la implementación de mecanismos progresivos para garantizar este derecho. También aborda las denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión e identifica los desafíos estructurales. especialmente en materia de seguridad de periodistas, pluralismo informativo y adaptación de la normativa a los entornos digitales. El informe concluye que institucionalizar estos mecanismos de protección es clave para asegurar la sostenibilidad de los avances logrados y afrontar las nuevas amenazas en un contexto de profundos cambios sociales, políticos y tecnológicos.

El Informe se estructura en cuatro secciones. La primera analiza los reportes de amenazas que enfrenta la prensa en el país, entre las que se incluyen violencia física, especialmente en contextos de protestas y manifestaciones sociales; amenazas, el uso indebido del sistema judicial para criminalizar su labor, así como actos de violencia, intimidación y criminalización dirigidos a mujeres periodistas. A pesar de las iniciativas adoptadas por las autoridades para fortalecer la protección de las personas periodistas, como programas de capacitación para agentes públicos y el impulso a la tramitación del Proyecto de Ley para la Protección de los Periodistas y Trabajadores de las Comunicaciones, persisten desafíos significativos en la implementación efectiva de medidas que garanticen entornos seguros para el ejercicio del periodismo. La Relatoría subraya que la garantía de un entorno seguro para el ejercicio periodístico requiere la implementación de un enfoque integral que articule mecanismos preventivos, sancionatorios y reparatorios coherentes con los estándares internacionales en la materia.

El segundo apartado examina la relación entre la libertad de expresión, la institucionalidad democrática y el Estado de derecho, con énfasis en el derecho de acceso a la información pública. En este contexto, la Oficina valoró positivamente la existencia y actuación de los órganos garantes chilenos en materia de acceso a la información, como el Consejo para la Transparencia (CPLT), creado por la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. Sin embargo, a pesar de las buenas prácticas institucionales promovidas por el Estado, durante la visita, se tuvo conocimiento de presuntas restricciones reiteradas a las solicitudes de acceso a la información, manifestadas en negativas generales y prórrogas recurrentes de los plazos de respuesta.

El tercer apartado analiza los avances, desafíos y recomendaciones en materia de libertad de expresión en el entorno digital en Chile. Se reconoce positivamente la iniciativa del Estado chileno de establecer, en 2023, la Comisión Asesora contra la Desinformación (CDD). Sin embargo, a partir de la información recibida, se considera que el ecosistema digital en Chile presenta desafíos significativos para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, particularmente en relación con la desinformación deliberada, la regulación de contenidos en plataformas digitales y las persistentes brechas en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Se subraya la necesidad de desarrollar marcos regulatorios que, sin restringir la libertad de expresión, contribuyan a la configuración de un entorno digital que promueva la diversidad, el pluralismo y el acceso a la información.

Finalmente, el último apartado examina las condiciones del pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación, con un enfoque particular en los desafíos que enfrentan los medios comunitarios y la relación entre la libertad de expresión y la lucha contra la discriminación y la exclusión. La concentración de medios, evidenciada en las restricciones para el acceso de los medios comunitarios a concesiones de radiodifusión y la distribución inequitativa del espectro radioeléctrico, junto con las dificultades financieras de los medios independientes, se identifican como barreras para un entorno informativo más inclusivo. Aunque existen iniciativas para fortalecer el rol de los medios comunitarios, la falta de mecanismos concretos y las restricciones regulatorias, económicas y técnicas siguen obstaculizando su desarrollo y sostenibilidad. Además, persisten dificultades para garantizar la representación y participación de los grupos históricamente marginados en el espacio público, debido a la continuidad de discursos y prácticas discriminatorias en los medios de comunicación.

La Relatoría Especial agradece nuevamente al Estado de Chile por la información proporcionada en el marco de la visita, las garantías para el libre tránsito en el país y su apertura al escrutinio internacional. Asimismo, expresa su agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil, periodistas y otros actores relevantes por la valiosa información compartida. Esta Oficina confía en que el informe contribuya a documentar los avances y desafíos persistentes en materia de libertad de expresión en Chile, y que las recomendaciones formuladas, centradas en las áreas que requieren atención prioritaria, orienten al Estado en la adecuación del marco normativo, las políticas y las prácticas del país a los estándares y compromisos internacionales e interamericanos en materia de libertad de expresión.

Para acceder al informe completo, haga clic aquí.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

No. R210/25

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