La CIDH invita a participar en la identificación de casos para desarrollar el orden público interamericano

4 de junio de 2025

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) invita a los Estados y a la sociedad civil a participar en la identificación de asuntos que puedan aportar al desarrollo del orden público interamericano de acuerdo con su Resolución 4/23, por medio de la cual adoptó su Política de Priorización de Peticiones y Casos.

Para tales efectos, desde el 5 de junio, la CIDH recibirá aportes mediante el sistema electrónico disponible en los cuatro idiomas oficiales español, inglés, portugués y francés. El sistema estará abierto hasta el 30 de junio a las 23:59 (EST), hora de Washington, D.C.

Vale recodar que en la Resolución 4/23, la CIDH reconoció algunos criterios para llevar adelante la priorización de los casos en trámite. El presente espacio de participación se centra en el inciso c) del punto resolutivo segundo; es decir, pretende identificar los asuntos que permitan ampliar los estándares interamericanos en temas que puedan ser relevantes para la región o abordar situaciones relacionadas con el funcionamiento o eficacia del Sistema Interamericano.

Las decisiones de priorización serán tomadas por la Comisión previo el análisis riguroso de los asuntos en su conocimiento, atendiendo los temas de sus relatorías especiales, temáticas y de país. La eventual decisión de planificación de algún caso no prejuzgará sobre el fondo del asunto y no requerirá una comunicación a las partes. Sólo podrán participar en la identificación de los casos quienes se hayan acreditado formalmente en un caso en etapa de fondo como parte peticionaria o Estado. Sin perjuicio de la priorización correspondiente, la CIDH continuará revisando los asuntos de manera cronológica, de acuerdo con el resolutivo octavo de la mencionada resolución.

La Comisión agradece las aportaciones realizadas en el primer ejercicio de implementación de la Resolución. Esos insumos fueron ponderados por el Pleno, junto con los aportes técnicos de las relatorías especiales, temáticas, de país, de medidas cautelares y seguimiento de recomendaciones, para la planificación correspondiente al período 2024–2025. Actualmente, la CIDH trabaja en la preparación de informes de fondo y en la deliberación de tales casos, con la finalidad de que puedan ser decididos durante el resto del año.

En su planificación la Comisión continuó centrando su trabajo en el avance cronológico de los asuntos y las graves violaciones de derechos humanos e implementando su Resolución 4/23 con el objetivo de mejorar la gestión y acelerar la decisión definitiva de los asuntos más urgentes, graves y de impacto en el sistema interamericano. Con la finalidad de ejecutar su Resolución, la CIDH incrementó su productividad en etapa de fondo, y en 2024 alcanzó la cifra de 121 informes de fondos aprobados, los cuales representan un incremento de casi un 100% de los adoptados en 2019.

En los informes aprobados por la Comisión en 2024 se ha dado una atención prioritaria a los asuntos urgentes, orientados a garantizar una respuesta más oportuna ante situaciones donde el paso del tiempo pueda ocasionar un daño irreversible. Por ello, se resolvieron todos los casos con el trámite procesal completo a la fecha de la planificación relacionados con personas condenadas a pena de muerte. También, se planificaron y decidieron casos sobre atención médica urgente para niñas, niños y adolescentes, así como aquellos en donde una demora podría generar una situación irreparable al vínculo familiar, tal y como ocurre en asuntos sobre restitución internacional. Asimismo, la CIDH está implementando, por primera vez, diligencias dirigidas a asegurar la participación de niñas y niños en los asuntos que les involucran.

En cuanto a las situaciones estructurales, la Comisión decidió casos que posibilitan impulsar cambios a los marcos normativos de la región, con el objetivo de asegurar su compatibilidad con los derechos humanos. Por ejemplo, resolvió asuntos relacionados con la falta de marcos normativos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a elegir libremente sus autoridades; posibilitar la protección de comunidades frente a desalojos; asegurar las garantías reforzadas para personas operadoras de justicia para el nombramiento, selección y remoción, así como aquellas vinculadas con las normas debido proceso. A su vez, estimó en un caso que el marco electoral y el procedimiento para la elección de personas diputadas que tenía el Estado era acorde con el ejercicio de los derechos políticos, no siendo necesario realizar recomendaciones.

En lo atinente a los casos que posibilitaron atender situaciones coyunturales, la Comisión se pronunció sobre diversos contextos de la región que afectan el goce de los derechos humanos, particularmente de grupos en especial situación de vulnerabilidad o discriminación histórica. Asimismo, se refirió a la violación de derechos humanos en contextos como protestas sociales, operativos contra bandas criminales y de afectaciones a la independencia judicial.

Respecto de los casos que contribuyen al desarrollo del orden público interamericano, la Comisión analizó, por primera vez, en informes de fondo el alcance de las obligaciones de los Estados en situaciones que involucran los procesos de selección y nombramiento de jueces; adopciones internacionales de niñas y niños; centros de cuidado infantil como guarderías; casos de violencia y acoso sexual de carácter laboral; procesos de divorcio; restricciones a la huelga de hambre bajo el argumento de atención médica; el derecho a recurrir el fallo sancionatorio de las víctimas afectadas por un delito; el principio de precaución en relación con aspersiones aéreas; la identidad cultural de mujeres indígenas privadas de la libertad; la labor de personas defensoras de derechos humanos a través de manifestaciones artísticas; entre otras temáticas. Varios de estos desarrollos se encuentran descritos con mayor detalle en el apartado de decisiones destacadas de su informe anual.

El primer ejercicio de implementación de la política de priorización que se encuentra en curso ha demostrado que, con un enfoque estratégico en la resolución de casos, la CIDH no solo avanza hacia el fortalecimiento de una justicia más oportuna, sino que también orienta a los Estados en la adopción de cambios legislativos y en la modificación de prácticas estatales clave para garantizar la protección de los derechos humanos en la región, posibilitando con ello prevenir nuevas violaciones a derechos humanos y brindar seguridad jurídica en cuanto a legislaciones o prácticas institucionales. Con este ejercicio renovado, la Comisión reafirma el valor de las contribuciones y su compromiso continuo con la protección, y promoción de los derechos humanos, asegurando que su labor se mantenga en constante fortalecimiento y adaptada a los desafíos actuales de la región.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 112/25

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