El metano y la emergencia climática: un llamado urgente a proteger el derecho a un medio ambiente sano en las Américas

5 de junio de 2025

Washington, DC—En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados de la región a fortalecer la protección del medio ambiente desde un enfoque de derechos humanos. En particular, exhorta a adoptar medidas eficaces para la reducción sustantiva de las emisiones de gases de efecto invernadero, con énfasis en el metano, por su alto potencial de calentamiento global a corto plazo. La garantía del derecho a un medio ambiente sano, reconocido por el sistema interamericano como un derecho autónomo y justiciable, requiere acciones inmediatas frente a las emisiones de origen antropogénico, en consonancia con los compromisos internacionales en materia ambiental y los estándares interamericanos de derechos humanos.

Las emisiones de metano provenientes de actividades humanas representan casi un tercio del calentamiento actual del planeta, según han establecido estudios recientes. Por lo que crisis climática mundial seguirá con implicaciones devastadoras para los derechos humanos si no hay cambios profundos, lo que obliga a cortar rápidamente gases de efecto invernadero como el metano. Esta medida es esencial no solo para frenar el cambio climático, sino para garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, entre otros derechos humanos.

La Relatoría Especial recuerda que el artículo 11 del Protocolo de San Salvador reconoce el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, imponiendo a los Estados la obligación de promover su protección, preservación y mejoramiento. En esa misma línea, la Resolución 3/2021 sobre Emergencia Climática, adoptada por la REDESCA y la CIDH, identifica la degradación ambiental como una de las causas principales de daños irreparables tanto para los seres humanos como para la naturaleza. En consecuencia, el derecho a un medio ambiente sano constituye un pilar esencial para garantizar la supervivencia de la humanidad y de todas las formas de vida en el planeta.

Dicha resolución establece, además, la relación directa entre el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mayor frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos, lo cual incrementa de manera significativa los riesgos para las personas, las sociedades y los ecosistemas. Por ello, se destaca el deber de los Estados de adoptar e implementar políticas públicas orientadas a la reducción de emisiones, guiadas por los más altos niveles de ambición climática, que fortalezcan la resiliencia frente a los impactos del cambio climático y aseguren que toda inversión pública y privada se alinee con un modelo de desarrollo sostenible y con enfoque de derechos humanos.

En este marco, resulta clave identificar las principales fuentes de emisiones de metano en la región. Entre ellas se encuentran las operaciones del sector energético —en particular la extracción, procesamiento y transporte de petróleo y gas—, la agricultura intensiva, especialmente la ganadería, y los vertederos a cielo abierto. Estos últimos constituyen una fuente muy relevante y, a menudo, subestimada. La descomposición anaeróbica de residuos orgánicos en estos sitios contribuye de modo significativo a las emisiones globales de metano. El metano es el segundo mayor contribuyente al calentamiento global después del dióxido de carbono. A nivel global, el sector de residuos representa la tercera mayor fuente antropogénica de metano, representando aproximadamente el 20% del total mundial.

La REDESCA urge a que las respuestas estatales en materia de protección del medio ambiente sano se basen en los derechos humanos, integren un enfoque interseccional y territorial, y se fundamenten en la mejor evidencia científica disponible. En este contexto, es indispensable que los Estados adopten políticas públicas eficaces y ambiciosas para reducir las emisiones de metano, así como que reconozcan y refuercen el papel estratégico de las personas recicladoras en la transición hacia sistemas de gestión de residuos más sostenibles y equitativos. Solo mediante acciones decididas, coherentes con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, será posible garantizar el derecho a un medio ambiente sano y proteger de forma efectiva los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de todas las personas, sobre todo de aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

No. RD114/25

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