México: CIDH, a través de su REDESCA, expresa solidaridad tras las inundaciones y llama a fortalecer las respuestas para garantizar derechos humanos

17 de octubre de 2025

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), expresa su solidaridad con el pueblo mexicano y con las víctimas de las graves inundaciones que han afectado a varios estados del país en los últimos días, con un número significativo de personas fallecidas, no localizadas y miles de damnificadas. Asimismo, manifiesta su preocupación por el impacto humanitario de este desastre y subraya la importancia de que el Estado mexicano continue garantizando una respuesta con enfoque de derechos humanos.

Las lluvias extraordinarias del 6 al 9 de octubre, de acuerdo a la información oficial, provocaron afectaciones generalizadas en cinco estados y varios de sus municipios: en Veracruz (40 municipios, 22 con mayores daños), Puebla (23 municipios, 17 con mayores daños), Hidalgo (28 municipios, 23 de ellos más complicados), San Luis Potosí (12 municipios, con énfasis en 2) y Querétaro (8 municipios, con mayor intensidad en 2 de ellos). Hasta el momento se reportan al menos 64 personas fallecidas (29 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 13 en Puebla y una en Querétaro); y al menos 65 personas no localizadas en varias entidades. Las afectaciones a la infraestructura incluyen interrupciones en la Red Federal de Carreteras y daños significativos en puentes vehiculares y en servicios básicos como electricidad y telecomunicaciones.

La CIDH reconoce los esfuerzos del Estado mexicano en la respuesta a esta emergencia, incluido el despliegue de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de protección civil para labores de rescate y evacuación, así como la atención directa de las más altas autoridades en las zonas afectadas, donde se ha anunciado que el Gobierno no dejará a nadie en el desamparo y que se realizará un censo para canalizar apoyos específicos a las familias afectadas. La Comisión Interamericana, a partir del trabajo de monitoreo de su REDESCA, valora positivamente estas medidas iniciales y reconoce los esfuerzos coordinados de los distintos niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— para hacer frente a la crisis.

La magnitud del desastre evidencia la gravedad de la situación y subraya la importancia de redoblar esfuerzos en la prevención, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, especialmente ante el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos en la región.

En este contexto, los estándares internacionales en materia de derechos humanos prevén acciones concretas ante situaciones de emergencia y desastre. En tal sentido, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias y efectivas para proteger la vida y la integridad personal de las personas afectadas; lo que incluye sostener y ampliar las operaciones de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, así como garantizar la atención médica de emergencia. Es clave asegurar el acceso a albergues temporales dignos y seguros con servicios básicos adecuados, e implementar programas efectivos de reconstrucción y, cuando sea necesario, de reubicación con enfoque de derechos humanos.

Asimismo, el Estado debe garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento, la seguridad alimentaria de todas las personas damnificadas, la continuidad del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, y la protección de las fuentes de empleo e ingresos de las familias afectadas. Estas obligaciones deben cumplirse sin discriminación, adoptando un enfoque diferenciado que considere las necesidades específicas de grupos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, tal como ha recomendado la REDESCA en otras situaciones, el Estado debe fortalecer sus sistemas de prevención, alerta temprana y gestión de riesgos de desastres, incorporando perspectivas de adaptación al cambio climático y adoptando un enfoque diferenciado que considere las necesidades específicas de los grupos en situación de vulnerabilidad. La planificación y ejecución de estas medidas deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, con participación efectiva de las comunidades afectadas, rendición de cuentas y protección de ecosistemas que cumplen funciones de mitigación de inundaciones.

La CIDH reitera su solidaridad con el pueblo mexicano, las familias de las víctimas y todas las personas afectadas por esta tragedia. La Comisión, en particular mediante su Relatoría Especial, permanecerá atenta a la evolución de la situación y a las acciones que adopte el Estado mexicano para garantizar la protección de los derechos humanos de la población afectada, y se pone a disposición para brindar cooperación técnica en el marco de su mandato.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. RD214/25

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