CIDH publica tercer informe sobre situación de personas defensoras en las Américas

16 de octubre de 2025

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy su tercer Informe sobre la Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas. El informe brinda información actualizada sobre avances y desafíos respecto de la garantía de derechos de las personas defensoras partiendo de la base de lo observado en los informes regionales de 2011 y 2006.

A más de trece años de la publicación del segundo informe sobre la situación de personas defensoras en las Américas, la Comisión observa con preocupación que quienes defienden derechos humanos continúan haciéndolo en un ambiente hostil donde su vida e integridad personal están constantemente en peligro.

La CIDH también advierte sobre la especial situación de riesgo en la que se encuentran las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, así como los liderazgos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, analiza los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres defensoras y personas LGBTI debido a la intersección de su género, identidad u orientación sexual y su activismo, y observa los riesgos inherentes que conlleva la defensa de quienes se encuentran en situación de movilidad de humana.

En este informe, la Comisión analiza por primera vez la situación específica de quienes buscan a personas desaparecidas y defensoras en casos de memoria, verdad y justicia, así como de quienes se dedican a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

El documento evidencia la persistencia de preocupantes niveles de violencia contra estos colectivos. Riesgos que van desde campañas de desprestigio y discursos estigmatizantes hasta amenazas, ataques a su vida e integridad, asesinatos y desapariciones. Pese a la gravedad de estos hechos, persisten altos niveles de impunidad en los delitos contra de las personas defensoras.

La criminalización sigue siendo una práctica recurrente por parte de actores estatales y no estatales para obstaculizar su labor, que incluso ha causado el exilio forzado de muchas de estas personas, constituyendo una forma de represión que tiene grave impacto en el ejercicio del derecho a defender derechos.

La defensa de derechos humanos se desarrolla en un espacio cívico cada vez más reducido que se refleja en intervenciones y vigilancias ilegales. Además, se han aprobado marcos legislativos o administrativos que impondrían a las organizaciones de la sociedad civil registros más estrictos, limitarían sus ámbitos de acción y fiscalizarían de forma desproporcionada su financiamiento, lo que consecuencia podría impactar en el derecho de asociación.

Por otra parte, el informe analiza las obligaciones de los Estados a la luz de los estándares interamericanos en la materia y las medidas que han sido adoptadas para su cumplimiento, así como los desafíos persistentes. La Comisión valora los esfuerzos desplegados por algunos Estados de la región para avanzar con este propósito a través de la creación de mecanismos nacionales de protección; la disposición para dar cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la CIDH, y el establecimiento de fiscalías especializadas para la investigación de los delitos cometidos contra personas defensoras.

No obstante, la CIDH observa que persisten algunos desafíos como, debilidades en el funcionamiento adecuado de los mecanismos nacionales de protección de personas defensoras; el otorgamiento de medidas de protección que no responderían a los riesgos; y la falta de avances en las investigaciones de los delitos cometidos contra personas defensoras que se traduce en elevados índices de impunidad.

En el informe, la CIDH presenta una serie de recomendaciones a los Estados de la región con miras a fortalecer sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos de las personas defensoras, entre las que se destacan: la elaboración de políticas públicas integrales para proteger y garantizar los derechos de quienes defienden derechos; otorgar medidas de protección adecuadas y efectivas con enfoque diferenciado e interseccional para quienes están en situación de riesgo; avanzar en las investigaciones sobre los delitos contra estas personas y sancionar a todas los responsables; así como prevenir la criminalización y revisar, ajustar y/o derogar las figuras penales o marcos legislativos que sean contrarios al principio de legalidad, que sean usados frecuentemente para este fin.

Resulta fundamental que los Estados adopten y/o refuercen las medidas necesarias para garantizar que quienes se dedican a la defensa de derechos humanos puedan hacerlo en un ambiente libre de cualquier tipo de amenaza o intimidación. El reconocimiento a la importancia del rol que las personas defensoras cumplen dentro de toda sociedad democrática depende en última de la voluntad decidida y compromiso de los Estados en todos los niveles y poderes.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 211/25

11:00 AM