CIDH publica informe sobre violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua

30 de octubre de 2025

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el informe sobre “Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua”, en el que se analiza la situación de violencia que enfrentan estos pueblos y su impacto en los derechos humanos. A partir de una mirada integral desde la década de 1980, la CIDH documenta una serie de actos de violencia, despojo territorial y asimilación cultural que forman parte de un proceso de discriminación y exclusión histórica contra pueblos indígenas y afrodescendientes, que se ha agravado bajo el régimen de Daniel Ortega.

La violencia en la Costa Caribe no es un fenómeno aislado y responde a una serie de acciones y omisiones estatales que han favorecido el despojo y explotación de los territorios y recursos naturales indígenas y afrodescendientes, en beneficio del régimen y de industrias privadas. La corrupción generalizada, la imposición de gobiernos paralelos y el desmantelamiento del régimen de autonómico desarrollados en el informe, han facilitado la invasión y la ocupación forzada de estas tierras. Asimismo, la militarización de la región, la permisividad de las fuerzas de seguridad —bajo el mando del régimen Ortega-Murillo— frente a la violencia, así como su participación en la represión de las comunidades, confirman un patrón de aquiescencia estatal.

La ausencia de un proceso efectivo de saneamiento y titulación es otro factor histórico que ha permitido la expansión de actores armados y la ocupación violenta de territorios indígenas. Desde la suspensión de este proceso en 2014, la CIDH documentó un incremento alarmante en la magnitud e intensidad de la violencia en esta región, que entre el 2020 y 2024, derivó en al menos tres ataques armados de gran escala, identificados por las propias comunidades como masacres.

La CIDH identifica una serie patrones de violencia ejercida contra estos pueblos, entre los que destacan: ataques armados perpetrados por colonos y grupos del crimen organizado que ocurren con la tolerancia y aquiescencia estatal; asesinatos, y la criminalización de autoridades tradicionales, líderes comunitarios y personas defensoras del territorio; amenazas, hostigamientos y la extorsión de comunidades; así como hechos de tortura y violencia sexual. Estos actos de violencia ocurren bajo una impunidad estructural y en un contexto de concentración absoluta del poder en el Ejecutivo.

La crueldad y la intensificación de la violencia han resultado en el otorgamiento de medidas de protección por parte de la CIDH y la Corte interamericana de Derechos Humanos, a más de 15 comunidades víctimas de agresiones violentas, de personas defensoras de derechos indígenas, guardabosques privados arbitrariamente de la libertad, así como a favor de personas que son líderes y trabajadoras de medios de comunicación que se encontrarían en riesgo. El otorgamiento de estas medidas, que no fueron atendidas por el Estado, refleja la gravedad y urgencia y la persistencia de los ataques.

La CIDH observa que la crisis de derechos humanos evidenciada a partir del 18 de abril de 2018, y la instauración de un régimen de concentración absoluta del poder, profundizaron la extrema vulnerabilidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Particularmente, la aprobación de las reformas a la Constitución en 2024, que eliminaron los contrapesos democráticos y amenazan el régimen autonómico, representan la consolidación de una serie de retrocesos respecto las reivindicaciones históricas que habían sido alcanzadas décadas atrás a favor de sus derechos.

La CIDH concluye que la existencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes está en riesgo. La violencia ejercida por colonos armados ha resultado en el despojo y desplazamiento de sus tierras ancestrales y territorios, lo que amenaza su supervivencia cultural y colectiva. Estos territorios no sólo constituyen su espacio de vida, sino que son la base esencial para el desarrollo de sus conocimientos, formas de vida, tradiciones y espiritualidad, así como para la continuidad de su cosmovisión. En este sentido, el despojo territorial y el desplazamiento forzado vulneran el derecho a la identidad cultural y a la propiedad colectiva de estos pueblos.

En el informe la Comisión reafirma los pueblos indígenas y afrodescendientes representan la diversidad cultural de Nicaragua. Su protección frente a procesos de colonización, exterminio cultural o asimilación forzada constituye una obligación jurídica vinculante derivada de tratados y declaraciones internacionales de los que Nicaragua es Estado parte. Entre ellos, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Estado de Nicaragua debe garantizar el derecho de estos pueblos a vivir libremente en sus territorios, conforme a sus propias cosmovisiones, formas de organización y cultura, como condición indispensable para su supervivencia como sujetos colectivos de derechos. Asimismo, debe permitir el retorno a sus territorios tradicionales en forma segura y con dignidad, lo cual, en el caso de los desplazamientos forzosos provocados por contextos de violencia, incluye el deber de tomar medidas para combatir la impunidad de los responsables de dicha violencia.

Finalmente, a partir de los hallazgos del informe, la CIDH realiza una serie de recomendaciones dirigidas al Estado. Asimismo, hace un llamado a la comunidad internacional para contribuir en el cese de la represión en Nicaragua. En particular, a las instituciones financieras internacionales para que, previo al otorgamiento de créditos y otros mecanismos de financiamiento para el desarrollo, requieran la adopción de medidas encaminadas al restablecimiento del Estado de derecho. Del mismo modo, exhorta a los Estados de origen de las empresas ganaderas, de monocultivo, madereras y mineras a adoptar medidas para la supervisión y regulación de las actividades de sus compañías nacionales en el extranjero, en línea con los estándares internacionales en la materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 220/25

11:00 AM