
La organización solicitante advirtió que persisten obstáculos en el acceso a la interrupción voluntaria de embarazos (ILE) para niñas y adolescentes. Indicó que los estigmas sobre el uso de anticonceptivos de emergencia, exigencias de requisitos no previstos en la ley y el uso indebido de la objeción de conciencia estarían poniendo en riesgo la salud y vida de las sobrevivientes de violencia sexual. Además, solicitó la promulgación de una ley especializada de derechos sexuales y reproductivos que garantice la ILE y ajustes normativos relativos a los delitos de violencia sexual y la objeción de conciencia.
El Estado reafirmó su compromiso con la protección de los derechos sexuales y reproductivos, reconociendo la necesidad de contar con legislación especializada. Informó sobre la participación del Ministerio de Salud y Deportes en la socialización de un anteproyecto de ley y el avance en la formulación de la próxima Política Pública Integral de Prevención del Embarazo en la Adolescencia.
Por su parte, la CIDH valoró estos esfuerzos e hizo énfasis en que el deber de debida diligencia reforzado respecto a la protección de niñas y adolescentes incluye tanto el acceso a servicios de salud como a la justicia.